La teoría del caso en el Sistema Penal Acusatorio

El artículo 367 del Código Procesal Penal establece que el Presidente del Tribunal durante el Juicio Oral “ordenará al Fiscal que presente su teoría del caso, luego al querellante y finalmente al defensor y a los intervinientes si los hubiera”, y “atendiendo a la complejidad del juicio, podrá limitar el tiempo de las intervenciones”. Dicha teoría del caso es la trama de la historia que queremos presentar, y por tanto debe ser lógica y creíble.

Víctor Orielson León Parada define la teoría del caso como “el planteamiento técnico que desarrolla y argumenta cada una de las Partes, sea en defensa o acusación, para demostrar los hechos más relevantes, penalmente, de su causa; permite, asimismo, que cada actor y su representante o apoderado, basados en las pruebas aportadas y debidamente sustentadas, más los fundamentos jurídicos convenientes y pertinentes que los apoyan, pueden desarrollar procesalmente sus intenciones y pretensiones”.[1]

Cabe mencionar que la construcción de la teoría del caso se empieza desde el primer momento en que se conocen los hechos, planteándose inicialmente como hipótesis, sujeta a verificación y comprobación durante la investigación, y a modificación y ajuste hasta la realización de la audiencia.

De acuerdo con el Manual General para Operadores Jurídicos, en Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, los elementos que debe contener la teoría del caso, son tres:

“Jurídico. Es el punto de partida, todo gira alrededor de esto. Consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro de las disposiciones legales, tanto sustantivas como procedimentales. Es la subsunción de los hechos, la historia en la norma penal aplicable.

Fáctico. Sustenta lo jurídico. Es la identificación de los hechos relevantes o conducentes para comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no responsabilidad del procesado, hechos que se deben reconstruir durante el debate oral, a través de las pruebas. Los hechos contienen las acciones con circunstancias de tiempo, los lugares o escenarios, los personajes y sus sentimientos, el modo de ocurrencia, los instrumentos utilizados, y el resultado de la acción o acciones realizadas.

Probatorio. Sustenta lo fáctico. Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria para la Fiscalía, o la ausencia o deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa, fallas procedimentales esenciales o la ruptura de la cadena de custodia que hace perder la autenticidad de la prueba. El aspecto probatorio de la teoría es el modo de comprobar ante el juez los planteamientos formulados.”[1]

Es importante que los litigantes expongan adecuadamente su teoría del caso y aprovechen su presentación inicial para persuadir al Tribunal que la misma es lógica y creíble, debiendo tomar en cuenta que el juez no sabe absolutamente nada del caso, siendo recomendable que no se hagan promesas sobre lo que se va a probar que después no se puedan cumplir.
Colaboración: Grisell Mojica Aguilar

[1] Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Manual General para Operadores Jurídicos. Impresión Ingeniería Gráfica. Bogotá, 2005, p.105



[1] LEÓN PARADA, Víctor Orielson. El ABC del Nuevo Sistema Acusatorio Penal. Ecoe Ediciones Ltda, Bogotá, 2005, p.203

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La implementación del Sistema Penal Acusatorio

El pasado 2 de septiembre de 2012 entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en Herrera y Los Santos, por lo que se inició una nueva etapa en la implementación progresiva del mismo.

Tras un año de vigencia en Coclé y Veraguas, resulta interesante mirar un poco las conclusiones a las que han llegado aquellos organismos de la sociedad civil que han mantenido observatorios permanentes, como el caso de Alianza Ciudadana Pro Justicia que publicó el suplemento “Conozcamos el Nuevo Sistema Penal en Panamá”, del cual hemos extraído lo siguiente:

  • “En términos generales, las provincias de Coclé y Veraguas cuentan con instalaciones óptimas para la implementación y funcionamiento del sistema.
  • El 95% de los actos de investigación son confirmados por los Jueces de Garantías.
  • De septiembre del 2011 a abril de 2012, se realizaron el 96% de las audiencias programadas.
  • El promedio de duración de las audiencias es de 37 minutos.
  • Del 2 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012 la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público atiendo a 463 personas y el 58% fue por delitos violencia doméstica  donde las víctimas destacan que fue positiva  la atención porque:
  • Le proporcionaron asistencia sicológica y ayuda económica para la alimentación y transporte.
  • Le informaron de sus derechos, la exigencia de la reparación del daño ocasionado por el delito y a donde tienen que dirigirse para solicitar pensión alimenticia para sus hijos.
  • Las estadísticas del mes de abril de 2012 del Ministerio Público totalizan 31 causas derivadas al Centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, de las cuales 2 se registran en Coclé y 29 en Veraguas. No hay información confiable para determinar la efectividad de los métodos alternos de solución de conflictos.
  • La pena privativa de la libertad se observa como excepcional, utilizada solo para delitos graves. En la provincia de Coclé representa el 25% de las medidas impuestas”.

 Para mayores referencias visitar el siguiente enlace:

http://www.alianzaprojusticia.org.pa/imagenes/pdf/suplemento_para_la_prensa__sistema_acusatorio___2012_.pdf

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Los Acuerdos en el Código Procesal Penal

Colaborador invitado: Alberto González Herrera (Defensor Público y Profesor de la Universidad de Panamá)

A un año y medio de estar vigente el Código Procesal Penal en el Segundo Distrito Judicial (provincias de Coclé y Veraguas), es necesario reconocer que no todas sus novedades han sido empleadas al máximo.

Las instituciones que resultan novedosas propugnan por la plena observancia de los principios de: igualdad de las partes, concentración, inmediación, oralidad y economía procesal. A fin de propiciar está última y dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de justicia expedita e ininterrumpida, el artículo 220 prevé la institución de los acuerdos.

Si bien, no es conocida en nuestro medio, su naturaleza anglosajona no puede dejar de orientarnos para hacer el mejor uso de ella.

La institución de acuerdos en el proceso penal, tiene su origen en el “guilty plea” del Derecho. Anglosajón o inglés y luego pasa a los Estados Unidos de América. (RODRÍGUEZ GARCÍA, 1997, p. 91).

Los primeros códigos en acogerla son el italiano de 1988 y el portugués de 1989. En Panamá, la institución que más se le aproxima, surge en 1995 con la Ley N°1 de dicho año, conocida como proceso abreviado.

Los acuerdos en el proceso penal, así como el proceso abreviado, requieren la aceptación de los cargos y la responsabilidad por el imputado.[1]

El artículo 220 del Código Procesal Penal permite la celebración de acuerdos desde la audiencia de imputación y antes de la presentación de la acusación. Requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:

  1. El imputado acepta los hechos imputados o los hechos por los cuales se le vaya a acusar, parte de ellos, así como la pena que propone el Fiscal y consiente su defensa;
  2. Si forma parte de una banda, grupo u organización criminal, colabora eficazmente como delator; llevando al esclarecimiento, a evitar que continúe dándose su ejecución, se realicen otros delitos o suministra información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.
  3. Requieren la aprobación del Juez de garantías, el cual solo podrá negarlo si existe desconocimiento de los derechos y garantías fundamentales del imputado o el acusado, indicios de corrupción o banalidad.

Si aceptó la comisión del ilícito, el juez dictará sentencia e impondrá al imputado o al acusado la pena, no pudiendo exceder la acordada ni podrá ser inferior a una tercera (1/3) parte de la que le correspondería por el delito.

Si ha existido colaboración o delación, dependiendo de las circunstancias, podrá el juez aprobar la rebaja de pena acordada o la no formulación de cargos al imputado. De darse la no formulación de cargos se procederá con el archivo de la causa.

De tener que comparecer el imputado a juicio, como testigo principal de cargo, la no formulación de cargos en su contra quedará en suspenso hasta cumpla con la rendición de su testimonio. De cumplir con ello, se le concederá el beneficio respectivo y en su defecto, se procederá a efectuarle la acusación.

Esta norma no hace enumeración cerrada o de numerus clausus, de los delitos que pueden ser objeto de acuerdo. A raíz de esto, su empleo cabe desde el delito de expedición de cheques sin fondos hasta la grave conducta de tráfico de personas.

Como procedimiento alterno de solución de conflictos penales, el empleo de los acuerdos permite una rápida decisión del caso desde que se conoce la imputación de cargos y hasta antes de la presentación de la acusación. Esto permitirá que se ponga fin a la persecución penal si se logra el acuerdo antes de la conclusión de la investigación o envío de la acusación al juez de garantías.


[1] En nuestro medio han estudiado este precepto: CARRASCO,  L. M.: Los acuerdos entre el imputado y el Ministerio público, inédito, Panamá, 2009; CUESTAS GÓMEZ, C. H.:“Los acuerdos o la justicia penal negociada en la nueva ley procesal penal panameña” en: VIII Congreso Panameño de Derecho Procesal, Instituto Colombo panameño de Derecho Procesal, Panamá, 2011, Pp. 423-441; GONZÁLEZ HERRERA, A.: “Los acuerdos en el Código procesal penal”  ponencia dictada en Jornada académica de capacitación sobre el Sistema penal acusatorio, el día 9 de diciembre de 2011 en el Salón del Consejo Municipal de Colón, atendiendo invitación de la Asociación panameña de Magistrados y jueces (ASPAMAJ).

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La Tipicidad Subjetiva

El conocimiento de la teoría del delito es importante, sobre todo dentro de un sistema acusatorio en el que debemos presentar la teoría del caso, que contiene los elementos fácticos y jurídicos, dentro de los cuales debe hacerse la adecuación típica del hecho acaecido.

Son distintos los elementos de la teoría del delito, sin embargo queremos  abordar  un poco sobre la tipicidad, específicamente en su aspecto subjetivo, ya que esto ha marcado un cambio importante con respecto a la legislación penal previa.

Nuestro Código Penal, adoptado en el año 2007, entró en vigencia un año después, y varió sustancialmente la concepción de la teoría del delito. En el Código Penal anterior, el dolo y la culpa hacían parte de la tipicidad, en tanto que en el nuevo, son parte de la tipicidad.

Así, la tipicidad subjetiva incluirá el contenido de la voluntad que rige la acción, esto es la finalidad y la intención.  Por supuesto que la problemática se presenta, al tratar de probar de forma directa algo que está en la mente del actor, por tanto será necesario inferirlo a partir de situaciones objetivas concretas.

El tipo penal puede ser doloso o culposo, según se tenga conciencia y voluntad de realizar lo que está descrito en el tipo penal objetivo, o si el actor no observó el deber objetivo de cuidado.

En cuanto al tipo penal doloso éste tiene dos elementos: el intelectual que implica conocer qué se hace, es decir saber cuáles son los elementos del tipo objetivo descritos por el legislador, sin que ello requiera un conocimiento exacto; y el volitivo, que implica el querer realizar eso que se conoce.

Si no existe conocimiento, si el sujeto desconoce o está en un error sobre la existencia de algunos de los elementos objetivos constitutivos del tipo penal, estaríamos en presencia de lo que se conoce como Error de Tipo.

Así, el Artículo 30 del Texto Único del Código Penal, indica que “No delinque quien actúa con la convicción errada e invencible de que su acción u omisión no concurre en alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal”.

Ahora bien, para que ese error excluya el dolo debe tener la categoría de invencible, de lo contrario podría dar lugar a responsabilidad. Nuestro Código no establece qué hacer en el caso de que el error sea vencible, sin embargo, la doctrina ha indicado que sólo se respondería a título de culpa si el delito así lo tiene previsto.

Finalmente, el tipo penal culposo se presente por la inobservancia del deber de cuidado sólo en aquellas conductas así establecidas por el legislador. Debe mediar una relación de causalidad entre la acción realizada con infracción del deber objetivo de cuidado y el resultado prohibido para imputar la responsabilidad por culpa.

Colaboración de: Grisell Mojica Aguilar

 

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Informe de Gestión del Sistema Penal Acusatorio del Ministerio Público

Dando seguimiento a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio Público presentó su Informe de Gestión 2011, en el que presentó estadísticas interesantes sobre el desarrollo del mismo en las provincias de Coclé y Veraguas.

En el citado Informe, con respecto al ingreso de causas,  establece lo siguiente:

“Para el cierre de la vigencia fiscal 2011, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, en el Segundo Distrito Judicial se recibieron 1985 casos, de los cuales el 54% (1072) se generó en la provincia de Coclé y el 46% (913) se registró en la provincia de Veraguas, manteniéndose la misma tendencia de incremento de casos en la provincia de Coclé”.

No obstante, en relación a las salidas de tales causas del sistema se observa que:

“De las 1985 denuncias registradas en ingreso, en el segundo Distrito Judicial egresaron 444 (22.3%).

De acuerdo con las denuncias registradas en la provincia de Coclé, han egresado un total de (176) 16.41%, seguido por la provincia de Veraguas con un total de (268) 29.35%, en el periodo comprendido del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2011.

Se puede observar…que el mayor número de Salidas se produjo por archivos provisionales (289 casos), seguido de los egresados por declinación en la esfera administrativa (80 casos).”

Resulta interesante recordar que, de conformidad con el Código Procesal Penal el archivo provisional se dispone cuando el Ministerio Público no ha podido individualizar al autor o partícipe o si no se han podido reunir elementos de convicción, lo que permitiría reabrir el caso más adelante, siempre que surjan elementos que así lo permitan (art.275).

En cuanto a las audiencias registradas, se indicó que:

“Del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2011 se registraron 400 audiencias, incluyendo las relacionadas con drogas, en el Segundo Distrito Judicial. En la provincia de Coclé se registraron 201 audiencias y en la provincia de Veraguas 199. De éstas, el mayor número registrado pertenece a las solicitudes de formulaciones de imputación (107 audiencias), en el segundo lugar están las audiencias de Legalización de aprehensión (59) y en el tercer lugar las solicitudes de Medida cautelar (40 audiencias).”

Sobre el servicio prestado se indicó que “Se realizan tres turnos de 8 horas, haciendo un total de 24 horas, se trabaja con un equipo de receptores de denuncias en cada turno.”

El Informe de Gestión también aborda el aspecto tecnológico, asegurando que:

“Con el propósito de integrar las actuaciones de las instituciones operadoras del Sistema Penal Acusatorio, el 2 de septiembre de 2011, el Ministerio Público inició su gestión con una Plataforma tecnológica en la cual el fiscal desde el momento de la noticia criminal genera un número único de carpetilla digital, el cual permanecerá sin ser modificado durante todo el proceso penal.

La plataforma tecnológica permite que el fiscal o personero registre todas sus actuaciones en torno a la dirección de la investigación, eliminando la figura del expediente físico.

A través de esta herramienta las víctimas pueden tener acceso realizar (sic) denuncias anónimas, a realizar consultas sobre información de su causa”.

 

Para ver el informe puede hacer clic en el siguiente enlace:

Informe de Gestión del Sistema Penal Acusatorio 2011 (Ministerio Público)

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