El Principio de Intervención Mínima en el Sistema Penal

El principio de intervención mínima busca que el Estado sólo recurra a la sanción penal, en especial la privativa de libertad, cuando se trata de conductas que la sociedad considera como ataques intolerables a los bienes jurídicos de mayor relevancia, permitiendo la solución de los conflictos menores a través de otros mecanismos o trasladándolos a otras áreas del derecho.

En la búsqueda por legitimar los modernos Estados de Derecho se han reconocido una serie de principios que garantizan los derechos fundamentales de los asociados, y que no sólo limitan el poder estatal, sino que también generan obligaciones para el Estado, el cual tendrá que justificar cualquier limitación de tales derechos.

La justificación del derecho penal exigido por el modelo del derecho penal mínimo, depende de la respuesta racional que el sistema político esté en capacidad de dar a las preguntas qué y cómo castigar, cuestiones relacionadas con los objetivos justificadores del derecho penal, es decir, las ofensas por prevenir y las reacciones a las ofensas por minimizar.

En ese sentido, quienes propugnan por un derecho penal mínimo, consideran que se impone una doble estrategia reformadora, a saber: una drástica despenalización de los delitos, con la consecuente supresión de las penas; y una drástica desprisionalización, o sea, la limitación de la cárcel solamente para las ofensas más graves e intolerables contra los derechos fundamentales.

El principio de intervención mínima se justifica ya que representa la racionalidad dentro del Derecho punitivo del Estado democrático, guardando relación directa con el principio de la libertad jurídica que exige que se ordene y prohíba lo menos posible.

Es uno de los principios limitantes necesarios para evitar abusos, pues tiene que ver con el fundamento funcional del Derecho penal de la necesidad de protección de la sociedad por medio de penas o medidas de seguridad, por lo que más allá de esa necesidad el ejercicio del poder punitivo carece de fundamento.

Por el contrario, sólo cuando es estrictamente necesario y los demás controles no han sido efectivos, se justifica la protección de los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia, a través del ius puniendi, permitiendo así al Estado proteger efectivamente a la sociedad.

En el ámbito mundial se ha hecho evidente la violencia que se genera y las graves injusticias que se dan a través de la utilización del sistema penal, por lo que muchos estudiosos de la materia coinciden en su desaparición, sin embargo, somos de opinión que con un derecho penal mínimo podemos realizar el ideal de justicia que demanda la sociedad ante los ataques de los delincuentes, recurriendo a otras vías alternativas u otras áreas del derecho para los conflictos menores.

Nota:

Para conocer más sobre éste tema recomendamos el libro El Principio de Intervención Mínima: Pilar Fundamental  del Sistema Penal.

Disponible de forma digital en la tienda www.amazon.com (enlace)

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Delitos de Omisión

Uno de los temas más difíciles y debatibles del Derecho Penal, dentro de la llamada Teoría del Delito, son los delitos de omisión, ya que se trata de un “no hacer” algo que produce el resultado prohibido.

Existen dos clases de delitos de omisión, el llamado delito de omisión propia que vendrían a ser todos aquellos que han sido previamente catalogados por el legislador, es decir, que en la ley se describe cuál es ese “no hacer” prohibido, y los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, en el que el legislador prohíbe un comportamiento activo, pero que, dependiendo de la posición de garante del sujeto activo, también podría alcanzarse por inactividad.

Estos delitos están contemplados en nuestra legislación, en el artículo 25 del Código Penal, en el que se reconoce que los delitos pueden cometerse por comisión u omisión. Específicamente, el último párrafo indica que cuando el Código “incrimine un hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien tiene el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo.”

Desde esa perspectiva, una vez ocurra un hecho delictivo que se pretenda imputar a título de omisión, resulta imprescindible determinar si la persona a quien se le está atribuyendo tenía la posición de garante lo cual no siempre resulta fácil de establecer.

Sobre los delitos de omisión y la posición de garante resulta interesante, desde un punto de vista académico, el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 29 de junio de 2007, emitido con ocasión de una acción de hábeas corpus presentada a favor de del Director General de la Caja de Seguro Social de ese entonces, ya que hace un recuento doctrinal sobre el tema.

Veamos:

“Lo primero que es necesario poner de presente en relación con la tesis de la responsabilidad penal omisiva que plantea el Agente Instructor respecto del licenciado LUCIANI LASSO, es que ella proyecta la dificultad de situar la discusión en uno de los terrenos que mayor complejidad y polémica ofrece para la ciencia penal contemporánea.

Un panorámico repaso del estado de situación de esa construcción teórica muestra que el tema de la responsabilidad penal omisiva no es una cuestión sencilla o superficial, que puede ser esgrimida con ligereza, puesto que ella encierra en sí misma una naturaleza tan intrincada que ha dado origen a un variopinto mosaico de teorías, criterios y orientaciones de carácter doctrinal con el fin de alcanzar su decantación científica y práctica. (Vrg. Teorías del Nexo Causal, del Deber Jurídico, del Deber de Garante, Criterio Funcional de la Posición de Garante, etc.)

A este respecto, cobran importancia las observaciones del distinguido tratadista español ENRIQUE GIMBERNAT ORDEIG, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, quien, en su oportunidad advirtió, parafraseando al autor alemán SAGENSTEDT, la dificultades de sentar reglas precisas acerca de la omisión impropia cuando señaló que:

“….después de intensos esfuerzos de décadas, ni la jurisprudencia ni la doctrina han conseguido alcanzar una solución dogmáticamente satisfactoria sobre la cuestión de cuando debe ser imputado objetivamente al omitente un resultado injusto realizado mediante omisión. Podría decirse que lo único seguro en los delitos impropios de omisión es que no hay nada seguro“. (cfr. “El delito de omisión impropia”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª Época, julio de 1999, número 4, página 526.).

En el tema concreto de los delitos omisivos, la doctrina especializada ha realizado esfuerzos importantes para delimitar la estructuración misma de este tipo penal con miras a facilitar su aplicación.

En este sentido, uno de los elementos cruciales para que se pueda formular con certeza un juicio de imputación penal en este tipo de delito, lo constituye la determinación de quien ocupa “la posición de garante” y “la naturaleza y alcance de su deber”, frente a la situación concreta que se examina.

La identificación de quién ostenta la posición de garante, así como, la índole del deber que las circunstancias le exigen, constituye un elemento decisivo para que pueda surgir responsabilidad penal en esta modalidad delictiva. Precisamente, este factor es uno de los que encierra mayor complejidad al analizar el problema porque, como bien ha indicado el respetado autor alemán GÜNTHER JAKOBS:

La determinación del garante es una de las tareas más difíciles de la parte general. Dado que la propia ley es indeterminada, la determinación del deber de garante en el sistema de la imputación resulta indispensable para el fundamento y límites de la imputación“.

“…Una teoría de las funciones más modernas, ordena los deberes de garante de acuerdo con su contenido. Una parte de los deberes sirve a la defensa de un bien determinado contra procesos que afecten su existencia (deber de garante de protección, deber de garante de custodia). Esta ordenación no viene a reemplazar a la derivación con respecto a un fundamento jurídico, sino que la presupone, pero precisa los deberes en la medida en que, en lugar del deber de garante difuso en cuanto a su dirección sitúa al deber del garante orientado definitivamente”.(DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. Fundamentos y Teoría de la Imputación. 2 Ed. corregida, Traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Contreras de Murillo. Universidad de Extremadura. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas, Madrid. 1997. Pág. 968.).”

El fallo antes citado es mucho más extenso y resulta interesante su lectura íntegra, por lo que recomendamos ubicarlo en la página web del Órgano Judicial.

En todo caso, del mismo De lo anterior podemos concluir que:

  • la posición de garante no se cualifica con el sólo deber genérico;
  • las fuentes relativas de la posición de garante son: la ley, el contrato y la conducta anterior del sujeto;
  • el deber de cuidado tiene que ser específico y determinado;
  • en el caso de los funcionarios públicos, sólo el funcionario competente para resolver el asunto puede darle cumplimiento.

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La teoría del caso en el Sistema Penal Acusatorio

El artículo 367 del Código Procesal Penal establece que el Presidente del Tribunal durante el Juicio Oral “ordenará al Fiscal que presente su teoría del caso, luego al querellante y finalmente al defensor y a los intervinientes si los hubiera”, y “atendiendo a la complejidad del juicio, podrá limitar el tiempo de las intervenciones”. Dicha teoría del caso es la trama de la historia que queremos presentar, y por tanto debe ser lógica y creíble.

Víctor Orielson León Parada define la teoría del caso como “el planteamiento técnico que desarrolla y argumenta cada una de las Partes, sea en defensa o acusación, para demostrar los hechos más relevantes, penalmente, de su causa; permite, asimismo, que cada actor y su representante o apoderado, basados en las pruebas aportadas y debidamente sustentadas, más los fundamentos jurídicos convenientes y pertinentes que los apoyan, pueden desarrollar procesalmente sus intenciones y pretensiones”.[1]

Cabe mencionar que la construcción de la teoría del caso se empieza desde el primer momento en que se conocen los hechos, planteándose inicialmente como hipótesis, sujeta a verificación y comprobación durante la investigación, y a modificación y ajuste hasta la realización de la audiencia.

De acuerdo con el Manual General para Operadores Jurídicos, en Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano, los elementos que debe contener la teoría del caso, son tres:

“Jurídico. Es el punto de partida, todo gira alrededor de esto. Consiste en el encuadramiento jurídico de los hechos dentro de las disposiciones legales, tanto sustantivas como procedimentales. Es la subsunción de los hechos, la historia en la norma penal aplicable.

Fáctico. Sustenta lo jurídico. Es la identificación de los hechos relevantes o conducentes para comprobar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad o no responsabilidad del procesado, hechos que se deben reconstruir durante el debate oral, a través de las pruebas. Los hechos contienen las acciones con circunstancias de tiempo, los lugares o escenarios, los personajes y sus sentimientos, el modo de ocurrencia, los instrumentos utilizados, y el resultado de la acción o acciones realizadas.

Probatorio. Sustenta lo fáctico. Permite establecer cuáles son las pruebas pertinentes para establecer la certeza de la ocurrencia de la conducta punible y de la responsabilidad del acusado como supuestos de una sentencia condenatoria para la Fiscalía, o la ausencia o deficiencia de estos requisitos en el caso de la defensa, fallas procedimentales esenciales o la ruptura de la cadena de custodia que hace perder la autenticidad de la prueba. El aspecto probatorio de la teoría es el modo de comprobar ante el juez los planteamientos formulados.”[1]

Es importante que los litigantes expongan adecuadamente su teoría del caso y aprovechen su presentación inicial para persuadir al Tribunal que la misma es lógica y creíble, debiendo tomar en cuenta que el juez no sabe absolutamente nada del caso, siendo recomendable que no se hagan promesas sobre lo que se va a probar que después no se puedan cumplir.
Colaboración: Grisell Mojica Aguilar

[1] Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Manual General para Operadores Jurídicos. Impresión Ingeniería Gráfica. Bogotá, 2005, p.105



[1] LEÓN PARADA, Víctor Orielson. El ABC del Nuevo Sistema Acusatorio Penal. Ecoe Ediciones Ltda, Bogotá, 2005, p.203

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La implementación del Sistema Penal Acusatorio

El pasado 2 de septiembre de 2012 entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio en Herrera y Los Santos, por lo que se inició una nueva etapa en la implementación progresiva del mismo.

Tras un año de vigencia en Coclé y Veraguas, resulta interesante mirar un poco las conclusiones a las que han llegado aquellos organismos de la sociedad civil que han mantenido observatorios permanentes, como el caso de Alianza Ciudadana Pro Justicia que publicó el suplemento “Conozcamos el Nuevo Sistema Penal en Panamá”, del cual hemos extraído lo siguiente:

  • “En términos generales, las provincias de Coclé y Veraguas cuentan con instalaciones óptimas para la implementación y funcionamiento del sistema.
  • El 95% de los actos de investigación son confirmados por los Jueces de Garantías.
  • De septiembre del 2011 a abril de 2012, se realizaron el 96% de las audiencias programadas.
  • El promedio de duración de las audiencias es de 37 minutos.
  • Del 2 de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2012 la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público atiendo a 463 personas y el 58% fue por delitos violencia doméstica  donde las víctimas destacan que fue positiva  la atención porque:
  • Le proporcionaron asistencia sicológica y ayuda económica para la alimentación y transporte.
  • Le informaron de sus derechos, la exigencia de la reparación del daño ocasionado por el delito y a donde tienen que dirigirse para solicitar pensión alimenticia para sus hijos.
  • Las estadísticas del mes de abril de 2012 del Ministerio Público totalizan 31 causas derivadas al Centro de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, de las cuales 2 se registran en Coclé y 29 en Veraguas. No hay información confiable para determinar la efectividad de los métodos alternos de solución de conflictos.
  • La pena privativa de la libertad se observa como excepcional, utilizada solo para delitos graves. En la provincia de Coclé representa el 25% de las medidas impuestas”.

 Para mayores referencias visitar el siguiente enlace:

http://www.alianzaprojusticia.org.pa/imagenes/pdf/suplemento_para_la_prensa__sistema_acusatorio___2012_.pdf

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Los Acuerdos en el Código Procesal Penal

Colaborador invitado: Alberto González Herrera (Defensor Público y Profesor de la Universidad de Panamá)

A un año y medio de estar vigente el Código Procesal Penal en el Segundo Distrito Judicial (provincias de Coclé y Veraguas), es necesario reconocer que no todas sus novedades han sido empleadas al máximo.

Las instituciones que resultan novedosas propugnan por la plena observancia de los principios de: igualdad de las partes, concentración, inmediación, oralidad y economía procesal. A fin de propiciar está última y dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de justicia expedita e ininterrumpida, el artículo 220 prevé la institución de los acuerdos.

Si bien, no es conocida en nuestro medio, su naturaleza anglosajona no puede dejar de orientarnos para hacer el mejor uso de ella.

La institución de acuerdos en el proceso penal, tiene su origen en el “guilty plea” del Derecho. Anglosajón o inglés y luego pasa a los Estados Unidos de América. (RODRÍGUEZ GARCÍA, 1997, p. 91).

Los primeros códigos en acogerla son el italiano de 1988 y el portugués de 1989. En Panamá, la institución que más se le aproxima, surge en 1995 con la Ley N°1 de dicho año, conocida como proceso abreviado.

Los acuerdos en el proceso penal, así como el proceso abreviado, requieren la aceptación de los cargos y la responsabilidad por el imputado.[1]

El artículo 220 del Código Procesal Penal permite la celebración de acuerdos desde la audiencia de imputación y antes de la presentación de la acusación. Requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:

  1. El imputado acepta los hechos imputados o los hechos por los cuales se le vaya a acusar, parte de ellos, así como la pena que propone el Fiscal y consiente su defensa;
  2. Si forma parte de una banda, grupo u organización criminal, colabora eficazmente como delator; llevando al esclarecimiento, a evitar que continúe dándose su ejecución, se realicen otros delitos o suministra información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.
  3. Requieren la aprobación del Juez de garantías, el cual solo podrá negarlo si existe desconocimiento de los derechos y garantías fundamentales del imputado o el acusado, indicios de corrupción o banalidad.

Si aceptó la comisión del ilícito, el juez dictará sentencia e impondrá al imputado o al acusado la pena, no pudiendo exceder la acordada ni podrá ser inferior a una tercera (1/3) parte de la que le correspondería por el delito.

Si ha existido colaboración o delación, dependiendo de las circunstancias, podrá el juez aprobar la rebaja de pena acordada o la no formulación de cargos al imputado. De darse la no formulación de cargos se procederá con el archivo de la causa.

De tener que comparecer el imputado a juicio, como testigo principal de cargo, la no formulación de cargos en su contra quedará en suspenso hasta cumpla con la rendición de su testimonio. De cumplir con ello, se le concederá el beneficio respectivo y en su defecto, se procederá a efectuarle la acusación.

Esta norma no hace enumeración cerrada o de numerus clausus, de los delitos que pueden ser objeto de acuerdo. A raíz de esto, su empleo cabe desde el delito de expedición de cheques sin fondos hasta la grave conducta de tráfico de personas.

Como procedimiento alterno de solución de conflictos penales, el empleo de los acuerdos permite una rápida decisión del caso desde que se conoce la imputación de cargos y hasta antes de la presentación de la acusación. Esto permitirá que se ponga fin a la persecución penal si se logra el acuerdo antes de la conclusión de la investigación o envío de la acusación al juez de garantías.


[1] En nuestro medio han estudiado este precepto: CARRASCO,  L. M.: Los acuerdos entre el imputado y el Ministerio público, inédito, Panamá, 2009; CUESTAS GÓMEZ, C. H.:“Los acuerdos o la justicia penal negociada en la nueva ley procesal penal panameña” en: VIII Congreso Panameño de Derecho Procesal, Instituto Colombo panameño de Derecho Procesal, Panamá, 2011, Pp. 423-441; GONZÁLEZ HERRERA, A.: “Los acuerdos en el Código procesal penal”  ponencia dictada en Jornada académica de capacitación sobre el Sistema penal acusatorio, el día 9 de diciembre de 2011 en el Salón del Consejo Municipal de Colón, atendiendo invitación de la Asociación panameña de Magistrados y jueces (ASPAMAJ).

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