El Principio de Objetividad en la Investigación Penal

En el sistema acusatorio, la fase de investigación se encuentra bajo la dirección exclusiva del Fiscal, a quien le corresponde promover la persecución penal, mediante el acopio de elementos convicción, ajustados a los protocolos de actuación propios de las técnicas o ciencias forenses necesarias para tal finalidad, según el artículo 276 del Código Procesal Penal, no obstante, las limitaciones a los derechos fundamentales estarán controladas por el Juez de Garantía.

El artículo 24 del Código Procesal Penal establece que el Fiscal tiene el deber de realizar una investigación objetiva, siendo obligatorio investigar lo desfavorable y lo favorable a los intereses del imputado y demás intervinientes en el proceso, siempre garantizando el respeto a los derechos fundamentales del investigado.

Sobre este punto, debe quedar claro que el principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Público, supone un deber de lealtad para con el investigado y su defensa, por lo que no podrá ocultar ningún elemento que favorezca a sus intereses y deberá poner siempre a su disposición todo cuanto haya recabado, aunado a que supone analizar si realmente se encuentra frente a un caso que deba ser llevado a juicio oral o no.

Con respecto a dicho principio de objetividad, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA), considera que entre los desafíos que enfrenta el Ministerio Público en el nuevo sistema, resalta el cambio de paradigma entre una posición de neutralidad frente a una posición estratégica, y resaltan lo siguiente:

“En el paradigma tradicional la interpretación del llamado principio de objetividad, que suele estar consagrado en la mayoría de nuestros países, se tiende a vincular con la idea de imparcialidad que es propia de los jueces. En el contexto del nuevo paradigma, en cambio, este principio se vincula mucho más a estándares de profesionialismo, buena fe, lealtad y al derecho que la defensa tiene de aprovecharse de la actividad investigativa del Estado. Es decir, no se trata que el fiscal no pueda adoptar posiciones estratégicas, sino que en la ejecución de ellas se compromete de acuerdo con estándares mínimos que permitan que el imputado pueda utilizar la información que el propio Estado produce en su favor o evitar que en ese posicionamiento estratégico el fiscal afecte reglas básicas de juego justo en contra del imputado.” (Desafíos del Ministerio Público Fiscal en América Latina. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Santiago, s/a, p.64)

Ahora bien, el Fiscal siempre tendrá como norte la preparación de un caso con miras a un juicio oral, y sobre esa base fijará las estrategias de investigación, sin que ello signifique que pueda ocultar información a la defensa, en tanto que, el defensor también podrá realizar una investigación paralela que, eventualmente, le permita desvirtuar la acusación que pesa sobre su representado, teniendo la posibilidad de utilizar los elementos acopiados por el Ministerio Público.

Colaboración de: Grisell Mojica Aguilar

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