Fallos de nuestros tribunales de justicia

Si bien los fallos que usualmente utilizamos para orientarnos sobre una determinada materia son los emitidos por la Corte Suprema de Justicia, durante el año 2011 se emitieron fallos de interés en nuestros tribunales de justicia, tanto a nivel de circuito como del Segundo Tribunal Superior de Justicia, de los cuales podemos resaltar los siguientes:

“…estima el Tribunal que Elbis Ponce Morales actuó convencido que lo hacía en defensa legítima de su madre o en el legítimo ejercicio de un derecho de circulación lo cual es correcto porque hasta el momento no existe ninguna ley emitida por la Asamblea Legislativa que autorice a la Policía para la utilización del dispositivo electrónico denominado pele police y de existir alguna reglamentación de rango inferior a Ley no es conocida por los ciudadanos.

2. Aunque se admita que dentro de su función preventiva de los delitos, la policía en sitios públicos o de acceso público puede respetando sus derechos solicitar documentos de identidad y someter a registro a las personas para ellos sospechosas, ello no se extiende a la perturbación indiscriminada o arbitraria del derecho constitucional de circular libremente que tienen los ciudadanos, para ello sería necesario una ley que con fundamento razonables limite este derecho por motivo de seguridad o de otra índole.”

“Debe entenderse que al eximir nuestro Código Penal la posibilidad de sanción penal, quedó claro que los funcionarios que aparecen enlistados en el artículo 304 de la Constitución Nacional, no podrán iniciar procesos penales en presunta defensa a su honra, teniendo que acudir a la jurisdicción civil en reclamo de su pretendida reparación.

Por ello la juzgadora cita que el legislador opta por contemplar las llamadas excusas absolutorias u obstáculos excluyentes de punibilidad, que son definidas como ciertas circunstancias que se dan en la persona del autor de una acción típica, antijurídica y culpable que determina la exclusión de la pena; dentro de la legislación penal, lo que en realidad implica la renuncia total a la utilización de la vía penal; y aún cuando el apelante considere que la palabra absolutoria, que trae connotaciones procesales que desvirtúan su verdadera naturaleza, o la frase “no se impondrá sanción penal”, significa que se le puede procesar sin imponer pena, alguna, se equívoca (sic); toda vez que la idea era descartar la operatividad de la coerción penal, de modo que elimina cualquier posibilidad de que la acción procesal se ponga en movimiento contra quien se halla en esa situación.”

“2.- Nuestro ordenamiento procesal vigente, contempla, las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional. Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación.

También hace referencia, el Juez no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales, sin perjuicio de los casos especiales previstos en este Código.

Dicho en palabras elementales, no es posible decretar diligencias ampliatorias, tal como fuere peticionado por la parte recurrente, por cuanto, el artículo 5 de la Ley No.63 de 2008 (que adopta el Código Procesal Penal), el cual entró en vigencia el 2 de septiembre de 2011, eliminó la figura de la ampliación.

Lo anterior significa, la referida excerta legal, establece claramente, la función del juzgador está separada de toda actividad de investigación o cualquier función atribuida al Ministerio Público.

Siendo ello así, no es posible jurídicamente ordenar ampliaciones, por tanto, el juzgador debe valorar los hechos de acuerdo con las pruebas incorporadas al proceso”. (Este fallo cuenta con un salvamento de voto)

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