Los Acuerdos en el Código Procesal Penal

Colaborador invitado: Alberto González Herrera (Defensor Público y Profesor de la Universidad de Panamá)

A un año y medio de estar vigente el Código Procesal Penal en el Segundo Distrito Judicial (provincias de Coclé y Veraguas), es necesario reconocer que no todas sus novedades han sido empleadas al máximo.

Las instituciones que resultan novedosas propugnan por la plena observancia de los principios de: igualdad de las partes, concentración, inmediación, oralidad y economía procesal. A fin de propiciar está última y dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de justicia expedita e ininterrumpida, el artículo 220 prevé la institución de los acuerdos.

Si bien, no es conocida en nuestro medio, su naturaleza anglosajona no puede dejar de orientarnos para hacer el mejor uso de ella.

La institución de acuerdos en el proceso penal, tiene su origen en el “guilty plea” del Derecho. Anglosajón o inglés y luego pasa a los Estados Unidos de América. (RODRÍGUEZ GARCÍA, 1997, p. 91).

Los primeros códigos en acogerla son el italiano de 1988 y el portugués de 1989. En Panamá, la institución que más se le aproxima, surge en 1995 con la Ley N°1 de dicho año, conocida como proceso abreviado.

Los acuerdos en el proceso penal, así como el proceso abreviado, requieren la aceptación de los cargos y la responsabilidad por el imputado.[1]

El artículo 220 del Código Procesal Penal permite la celebración de acuerdos desde la audiencia de imputación y antes de la presentación de la acusación. Requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:

  1. El imputado acepta los hechos imputados o los hechos por los cuales se le vaya a acusar, parte de ellos, así como la pena que propone el Fiscal y consiente su defensa;
  2. Si forma parte de una banda, grupo u organización criminal, colabora eficazmente como delator; llevando al esclarecimiento, a evitar que continúe dándose su ejecución, se realicen otros delitos o suministra información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.
  3. Requieren la aprobación del Juez de garantías, el cual solo podrá negarlo si existe desconocimiento de los derechos y garantías fundamentales del imputado o el acusado, indicios de corrupción o banalidad.

Si aceptó la comisión del ilícito, el juez dictará sentencia e impondrá al imputado o al acusado la pena, no pudiendo exceder la acordada ni podrá ser inferior a una tercera (1/3) parte de la que le correspondería por el delito.

Si ha existido colaboración o delación, dependiendo de las circunstancias, podrá el juez aprobar la rebaja de pena acordada o la no formulación de cargos al imputado. De darse la no formulación de cargos se procederá con el archivo de la causa.

De tener que comparecer el imputado a juicio, como testigo principal de cargo, la no formulación de cargos en su contra quedará en suspenso hasta cumpla con la rendición de su testimonio. De cumplir con ello, se le concederá el beneficio respectivo y en su defecto, se procederá a efectuarle la acusación.

Esta norma no hace enumeración cerrada o de numerus clausus, de los delitos que pueden ser objeto de acuerdo. A raíz de esto, su empleo cabe desde el delito de expedición de cheques sin fondos hasta la grave conducta de tráfico de personas.

Como procedimiento alterno de solución de conflictos penales, el empleo de los acuerdos permite una rápida decisión del caso desde que se conoce la imputación de cargos y hasta antes de la presentación de la acusación. Esto permitirá que se ponga fin a la persecución penal si se logra el acuerdo antes de la conclusión de la investigación o envío de la acusación al juez de garantías.


[1] En nuestro medio han estudiado este precepto: CARRASCO,  L. M.: Los acuerdos entre el imputado y el Ministerio público, inédito, Panamá, 2009; CUESTAS GÓMEZ, C. H.:“Los acuerdos o la justicia penal negociada en la nueva ley procesal penal panameña” en: VIII Congreso Panameño de Derecho Procesal, Instituto Colombo panameño de Derecho Procesal, Panamá, 2011, Pp. 423-441; GONZÁLEZ HERRERA, A.: “Los acuerdos en el Código procesal penal”  ponencia dictada en Jornada académica de capacitación sobre el Sistema penal acusatorio, el día 9 de diciembre de 2011 en el Salón del Consejo Municipal de Colón, atendiendo invitación de la Asociación panameña de Magistrados y jueces (ASPAMAJ).

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