Delitos de Omisión

Uno de los temas más difíciles y debatibles del Derecho Penal, dentro de la llamada Teoría del Delito, son los delitos de omisión, ya que se trata de un “no hacer” algo que produce el resultado prohibido.

Existen dos clases de delitos de omisión, el llamado delito de omisión propia que vendrían a ser todos aquellos que han sido previamente catalogados por el legislador, es decir, que en la ley se describe cuál es ese “no hacer” prohibido, y los delitos de omisión impropia o comisión por omisión, en el que el legislador prohíbe un comportamiento activo, pero que, dependiendo de la posición de garante del sujeto activo, también podría alcanzarse por inactividad.

Estos delitos están contemplados en nuestra legislación, en el artículo 25 del Código Penal, en el que se reconoce que los delitos pueden cometerse por comisión u omisión. Específicamente, el último párrafo indica que cuando el Código “incrimine un hecho en razón de un resultado prohibido, también lo realiza quien tiene el deber jurídico de evitarlo y no lo evitó pudiendo hacerlo.”

Desde esa perspectiva, una vez ocurra un hecho delictivo que se pretenda imputar a título de omisión, resulta imprescindible determinar si la persona a quien se le está atribuyendo tenía la posición de garante lo cual no siempre resulta fácil de establecer.

Sobre los delitos de omisión y la posición de garante resulta interesante, desde un punto de vista académico, el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 29 de junio de 2007, emitido con ocasión de una acción de hábeas corpus presentada a favor de del Director General de la Caja de Seguro Social de ese entonces, ya que hace un recuento doctrinal sobre el tema.

Veamos:

“Lo primero que es necesario poner de presente en relación con la tesis de la responsabilidad penal omisiva que plantea el Agente Instructor respecto del licenciado LUCIANI LASSO, es que ella proyecta la dificultad de situar la discusión en uno de los terrenos que mayor complejidad y polémica ofrece para la ciencia penal contemporánea.

Un panorámico repaso del estado de situación de esa construcción teórica muestra que el tema de la responsabilidad penal omisiva no es una cuestión sencilla o superficial, que puede ser esgrimida con ligereza, puesto que ella encierra en sí misma una naturaleza tan intrincada que ha dado origen a un variopinto mosaico de teorías, criterios y orientaciones de carácter doctrinal con el fin de alcanzar su decantación científica y práctica. (Vrg. Teorías del Nexo Causal, del Deber Jurídico, del Deber de Garante, Criterio Funcional de la Posición de Garante, etc.)

A este respecto, cobran importancia las observaciones del distinguido tratadista español ENRIQUE GIMBERNAT ORDEIG, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, quien, en su oportunidad advirtió, parafraseando al autor alemán SAGENSTEDT, la dificultades de sentar reglas precisas acerca de la omisión impropia cuando señaló que:

“….después de intensos esfuerzos de décadas, ni la jurisprudencia ni la doctrina han conseguido alcanzar una solución dogmáticamente satisfactoria sobre la cuestión de cuando debe ser imputado objetivamente al omitente un resultado injusto realizado mediante omisión. Podría decirse que lo único seguro en los delitos impropios de omisión es que no hay nada seguro“. (cfr. “El delito de omisión impropia”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª Época, julio de 1999, número 4, página 526.).

En el tema concreto de los delitos omisivos, la doctrina especializada ha realizado esfuerzos importantes para delimitar la estructuración misma de este tipo penal con miras a facilitar su aplicación.

En este sentido, uno de los elementos cruciales para que se pueda formular con certeza un juicio de imputación penal en este tipo de delito, lo constituye la determinación de quien ocupa “la posición de garante” y “la naturaleza y alcance de su deber”, frente a la situación concreta que se examina.

La identificación de quién ostenta la posición de garante, así como, la índole del deber que las circunstancias le exigen, constituye un elemento decisivo para que pueda surgir responsabilidad penal en esta modalidad delictiva. Precisamente, este factor es uno de los que encierra mayor complejidad al analizar el problema porque, como bien ha indicado el respetado autor alemán GÜNTHER JAKOBS:

La determinación del garante es una de las tareas más difíciles de la parte general. Dado que la propia ley es indeterminada, la determinación del deber de garante en el sistema de la imputación resulta indispensable para el fundamento y límites de la imputación“.

“…Una teoría de las funciones más modernas, ordena los deberes de garante de acuerdo con su contenido. Una parte de los deberes sirve a la defensa de un bien determinado contra procesos que afecten su existencia (deber de garante de protección, deber de garante de custodia). Esta ordenación no viene a reemplazar a la derivación con respecto a un fundamento jurídico, sino que la presupone, pero precisa los deberes en la medida en que, en lugar del deber de garante difuso en cuanto a su dirección sitúa al deber del garante orientado definitivamente”.(DERECHO PENAL. PARTE GENERAL. Fundamentos y Teoría de la Imputación. 2 Ed. corregida, Traducción de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Contreras de Murillo. Universidad de Extremadura. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas, Madrid. 1997. Pág. 968.).”

El fallo antes citado es mucho más extenso y resulta interesante su lectura íntegra, por lo que recomendamos ubicarlo en la página web del Órgano Judicial.

En todo caso, del mismo De lo anterior podemos concluir que:

  • la posición de garante no se cualifica con el sólo deber genérico;
  • las fuentes relativas de la posición de garante son: la ley, el contrato y la conducta anterior del sujeto;
  • el deber de cuidado tiene que ser específico y determinado;
  • en el caso de los funcionarios públicos, sólo el funcionario competente para resolver el asunto puede darle cumplimiento.

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