El Principio de Intervención Mínima en el Sistema Penal

El principio de intervención mínima busca que el Estado sólo recurra a la sanción penal, en especial la privativa de libertad, cuando se trata de conductas que la sociedad considera como ataques intolerables a los bienes jurídicos de mayor relevancia, permitiendo la solución de los conflictos menores a través de otros mecanismos o trasladándolos a otras áreas del derecho.

En la búsqueda por legitimar los modernos Estados de Derecho se han reconocido una serie de principios que garantizan los derechos fundamentales de los asociados, y que no sólo limitan el poder estatal, sino que también generan obligaciones para el Estado, el cual tendrá que justificar cualquier limitación de tales derechos.

La justificación del derecho penal exigido por el modelo del derecho penal mínimo, depende de la respuesta racional que el sistema político esté en capacidad de dar a las preguntas qué y cómo castigar, cuestiones relacionadas con los objetivos justificadores del derecho penal, es decir, las ofensas por prevenir y las reacciones a las ofensas por minimizar.

En ese sentido, quienes propugnan por un derecho penal mínimo, consideran que se impone una doble estrategia reformadora, a saber: una drástica despenalización de los delitos, con la consecuente supresión de las penas; y una drástica desprisionalización, o sea, la limitación de la cárcel solamente para las ofensas más graves e intolerables contra los derechos fundamentales.

El principio de intervención mínima se justifica ya que representa la racionalidad dentro del Derecho punitivo del Estado democrático, guardando relación directa con el principio de la libertad jurídica que exige que se ordene y prohíba lo menos posible.

Es uno de los principios limitantes necesarios para evitar abusos, pues tiene que ver con el fundamento funcional del Derecho penal de la necesidad de protección de la sociedad por medio de penas o medidas de seguridad, por lo que más allá de esa necesidad el ejercicio del poder punitivo carece de fundamento.

Por el contrario, sólo cuando es estrictamente necesario y los demás controles no han sido efectivos, se justifica la protección de los bienes jurídicos fundamentales para la convivencia, a través del ius puniendi, permitiendo así al Estado proteger efectivamente a la sociedad.

En el ámbito mundial se ha hecho evidente la violencia que se genera y las graves injusticias que se dan a través de la utilización del sistema penal, por lo que muchos estudiosos de la materia coinciden en su desaparición, sin embargo, somos de opinión que con un derecho penal mínimo podemos realizar el ideal de justicia que demanda la sociedad ante los ataques de los delincuentes, recurriendo a otras vías alternativas u otras áreas del derecho para los conflictos menores.

Nota:

Para conocer más sobre éste tema recomendamos el libro El Principio de Intervención Mínima: Pilar Fundamental  del Sistema Penal.

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